Después de 9 años de intento Instituciones estatales y sociales se reunieron este 19 de julio para concertar una medidas de acción eficiente para la superación de la crisis humanitaria que vive el departamento del chocó en la actualidad. La Mesa Territorial de Gratinas propuso unas medidas para ejecutar, conformada por una agenda de acción, una hoja de ruta y unos mecanismos de seguimiento. Al final se concertaron unos compromisos oportunos por parte de la institucionalidad para la implementación de esta estrategia.
La Mesa se ha definido como un espacio de de interlocución entre las instituciones del Estado, y las plataformas de derechos humanos, con el acompañamiento de la comunidad internacional, que busca el desarrollo de estrategias y acciones en los ámbitos de prevención, protección, investigación, mujer y género, de manera que puedan cumplirse las obligaciones estatales derivadas de la Constitución Política y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Instituciones que participaron en la Mesa de Garantías: Comité de Impulso del Proceso Territorial de Garantías de Chocó Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), Fundación Mujer y Vida, Consejo Comunitario Mayor De La Organización Popular Campesina Del Alto Atrato (Cocomopoca), Consejo Comunitario de Curvaradó, Consejo Comunitario de Paimadó, Asociación Campesina del Medio San Juan (Asocamesan), Asociación de Comunicadores de Nuquí – Colectivo Em-Puja, Movimiento de Víctimas, Consejo Comunitario Del San Juan (Acadesan), Fundación Johana Maturana, Consejo Comunitario del Río Baudó y sus Afluentes (Acaba), Fundación Luna Verde, Red Departamental de Mujeres Chocoanas, Acción Comunal, Comisión Vida Justicia y Paz de la Diócesis de Quibdó (Covijupa), Foro Interétnico Solidaridad Chocó- FISCH, Sindicato Umach de Quibdó, Consejo Comunitario del Río Bellavista. Estatales: Ministerio del Interior, Vicepresidencia de la República, Ministerio de Defensa, Ministerio de la Justicia, Ministerio del trabajo, Director general de la policía, Director de la Unidad Nacional de Protección, Fiscalía General de la Nación y Procurador(a) General.
DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS
- La Defensoría del Pueblo reporta la ocurrencia de 189 amenazas y 92 asesinatos en el departamento, en el primer semestre de 2019. Estas cifras son alarmantes si tenemos en cuenta que el año anterior 2018 fueron 104 los homicidios. Aumento del 53% de ataques a la población civil.
- Confinamientos; Despojos y Desplazamientos masivos y a población a LGTB, Amenazas, señalamientos, combates, Reclutamiento de niños niñas y adolescentes; Riesgo de minas y MUSE; Cultivos ilícitos; Homicidios. Extracción de recursos minero energéticos; Pérdida de autonomía territorial. Falta de vías de comunicación para salir en caso de situaciones difíciles, de riesgo a la vida, pero también a la salud.
- Faltas de garantías para el ejercicio del liderazgo; Miedo, desconocimiento de derechos y rutas y falta de articulación y comunicación entre la sociedad civil y el Estado; Abandono estatal; Intereses propios del estado en contravía de las comunidades, Adicional a lo anterior concurren afectaciones a resguardos indígenas, consejos comunitarios de comunidades negras y población campesina.
- Persistencia de actores armados legales e ilegales en los territorios, lo que genera continuos enfrentamientos con afectaciones a las comunidades indígenas, afro y campesinas. A pesar de tener presencia creciente de la fuerza pública en los territorios no impacta en las garantías de seguridad de los habitantes de los territorios afectados.
- Alertas Tempranas no atendidas.
- Negligencia del Estado Colombiano para aprobar políticas públicas.
PROPUESTAS:
- Priorizar la elaboración de una política pública de Respeto y Garantías para la defensa de los Derechos Humanos y los liderazgos sociales. Esta política debe integrar las rutas, indicadores, tiempos, entidades responsables, mecanismos de garantía de cumplimiento a compromisos asumidos, con participación de la sociedad civil.
- Rutas precisas de atención, prevención y protección.
- Aplicación del protocolo sobre protesta social contenido en la Resolución 1190 de 2018.Puesta en funcionamiento del programa de garantías de mujeres lideresas y defensoras de derechos humanas 134 de 2016 y Resolución 0845 de 2018 del Ministerio del Interior.
- Avanzar hacia la garantía de restitución de tierras despojadas.
- Asistencia técnica a organizaciones de líderes y lideresas sociales.
- Acompañamiento y asistencia psicosocial a los líderes y sus familias por parte de la UARIV y el Ministerio de Salud.
- Desarrollo de una estrategia de comunicación, evitando estigmatización, visibilizar la importancia del líder social y los defensores de los derechos humanos, programas y anuncios radiales, televisivos y medios escritos.
